En un reciente desarrollo legal, la Fiscalía española ha señalado a la renombrada cantante colombiana, Shakira, por presuntamente defraudar a Hacienda más de 6 millones de euros en las declaraciones de la renta y el impuesto de patrimonio del año 2018. Este caso involucra el uso de una compleja red de empresas con sede en paraísos fiscales.
Esta acusación, presentada por el ministerio público español hace tres meses y ya notificada a la artista en su domicilio en Miami, ha resultado en la apertura de una segunda causa en un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona). En esta instancia, se imputan dos delitos contra la Hacienda Pública.
El juicio contra Shakira está programado para iniciar el 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona, donde se le imputa un fraude de 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014. Este caso se originó también a partir de una querella presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.
En esta ocasión, la Fiscalía sugiere la posibilidad de que la artista colombiana declare por videoconferencia desde su residencia en Estados Unidos, a donde se trasladó tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.
La querella detalla que Shakira habría evadido 5,3 millones de euros en el impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), correspondientes a los ingresos generados por su gira «El Dorado» en 2018 y por la cesión de sus derechos intelectuales. Además, se le imputan 773.600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones en propiedades y activos financieros que posee.
Según la denuncia, la cantante utilizó una sociedad establecida en Luxemburgo para canalizar parte de los ingresos obtenidos por la cesión de sus derechos musicales. Esta sociedad, según la Fiscalía, habría firmado contratos simulados, permitiendo una tributación excepcionalmente baja, situada en el 1,39 % durante el ejercicio de 2018.
La firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, fue creada con el único propósito de efectos fiscales y no llevó a cabo ninguna actividad real, siendo simplemente una entidad formal y administrativa.
La querella también alega que Shakira empleó otra sociedad creada en España en 2017 para contabilizar ingresos y gastos relacionados con su gira «El Dorado», a pesar de carecer de actividad real.
La denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos identifica otras 17 sociedades «instrumentales» en diversos países que, supuestamente, la artista utilizó para administrar los ingresos generados por su carrera musical y gestionar su patrimonio inmobiliario y financiero.
Además, se alega que Shakira dedujo siete millones de euros más en gastos de sus empresas, algunos de los cuales fueron contabilizados duplicadamente y otros correspondían a pagos de carácter personal, como viajes en jet privado y boletos de avión para sus hijos y educadora.
Cabe mencionar que Shakira también enfrenta un proceso judicial por fraude fiscal presentado por la Fiscalía en 2018, a pesar de haber reembolsado 17,2 millones de euros a la Agencia Tributaria una vez que se supo de la investigación. La Fiscalía solicita una pena de ocho años y dos meses de prisión y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana, quien aún tiene la oportunidad de llegar a un acuerdo con las partes involucradas antes del juicio.
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